Poesía solidaria en la SECA

Este jueves, 4 de julio de 2013, disfrutaremos en nuestro local de la calle de la Paz de la presentación del libro "Escribiendo esperanza", con la presencia de los autores Marcos Callau, Javier Castán y Lucía Pons, y de Mario Iriarte, acompañado de su guitarra. Como siempre, hacemos un "simpa": sin pagar entrada, sin pagar plus en las consumiciones, sin pagar a los artistas, sin pagar al técnico de sonido, sin pagar a la SGAE... Todo por amor al arte.

¿Y qué es el arte? Pues eso, quedarte pasmado cuando te aplican un IVA del 21 % en cultura.

Y, si no cambia de idea, el domingo por la mañana, también haciendo un "simpa", el Muchacho Mochila con sus amigos a partir de la 1 del mediodía, aproximadamente.

Previamente, el viernes a las 20'15, Asamblea Informativa, para contar a nuestros socios cómo estamos y lo que tenemos por delante...

                   

Nuestro socio nº 60 y actual vicepresidente ha sido condenado a 2 años de cárcel y multa de 36.000 € por un delito de "peligro abstracto". Así, en los casos de sustancias cuyo comercio está prohibido por los tratados internacionales sobre drogas, se invierte la carga de la prueba y el acusado es culpable mientras no demuestre lo contrario. No hace falta demostrar la existencia de tráfico: basta la posibilidad. Así, hemos visto a cultivadores y consumidores de cannabis ser condenados sin prueba alguna de tráfico ilícito.

Los socios de la SECA somos disidentes terapéuticos. Reclamamos nuestro derecho bioético a la autonomía terapéutica, reconocido en Aragón por la Ley de Últimas Voluntades. Es contradictorio que puedas elegir el tratamiento cuando te estás muriendo, pero no cuando se trata de seguir viviendo. Entre nuestros socios hay pacientes de cáncer que necesitan consumir cannabis antes de la quimioterapia; enfermos de migrañas que necesitan su dosis ante unos ataques que se pueden presentar en cualquier momento; muchos socios, terapéuticos o no declaradamente enfermos, que lo necesitan para conciliar el sueño; enfermos y enfermas de fibromialgia, glaucoma, dolores neurológicos crónicos, artritis, ansiedad, esclerosis múltiple o ELA, u otras dolencias para las cuales consideran positivo, en su autonomía terapéutica, el empleo del cannabis. A la hora de incautar marihuana, a la policía le da igual la exhibición del carné de socio de la SECA con indicación expresa del uso terapéutico de la sustancia: incautan y multan igual a los mal llamados lúdicos que a los terapéuticos.

Vivimos en un Estado Terapéutico, en palabras del profesor emérito de psicología del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) Thomas Szasz, o un Estado Farmacrático, en palabras del profesor de Historia, Derecho y Sociología de la UNED Antonio Escohotado. Un Estado que nos impide el acceso a las medicinas naturales milenarias (cannabis, hoja de coca, opio,...) para vendernos drogas de laboratorio cuyos efectos a largo plazo desconocemos.

Las leyes que padecemos en España al respecto proceden del impulso dado por Ronald Reagan a la Guerra contra las Drogas en los años ochenta, tras el intento de Jimmy Carter de legalizar la marihuana a finales de los setenta. En 1982, el PSOE llegó al poder con abrumadora mayoría prometiendo la salida de la OTAN y la legalización de las drogas. En 1985 se creó la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y nombrada presidenta de Honor la Reina Sofía. En 1988, la ONU aprobó en Viena un nuevo Tratado sobre Drogas, más represivo que el anterior, que se proponía acabar en 20 años, para el 2008, con todo cultivo ilícito de cannabis, hoja de coca u opio. En 1989, el Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por eminentes juristas y letrados españoles, reclamó una política de drogas que no fuera la simple represión. En 1992 se aprobó la L.O. 1/92 de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Corcuera) que penaba administrativamente a los consumidores de "drogas". En 1995, el nuevo Código Penal incrementaba las penas por delitos relacionados con las sustancias prohibidas en virtud del Tratado de Viena. En 1996 y 1997 se presentaban sendos informes en los Parlamentos británico y francés sobre el cannabis que reflejaban que es una sustancia que no causa un impacto negativo en la sociedad (como lo habían hecho los informes previos de la Comisión Británica del Cáñamo Indico de 1898, el informe LaGuardia de Nueva York del año 1944, el informe Schaffer del Gobierno Nixon, de 1968, y muchos otros). En 2001 y 2004, los informes Buittenweg y Catania del Parlamento Europeo abogan por un cambio en la política de drogas que aborde la reducción de daños y no la simple represión de consumidores y traficantes. En 2009, el informe Reuters de las propias Naciones Unidas reconoce el fracaso de la Guerra contra las Drogas, iniciada en 1914 y que a lo largo de un siglo de constante incremento de recursos humanos y económicos no ha hecho sino contribuir a un aumento en su consumo. La última cumbre de las Américas, celebrada hace escasos días, ha planteado la necesidad de legalizar las drogas a nivel del continente americano.

Mientras, en el Reino de España, los que intentamos aplicar la citada política de reducción de riesgos somos perseguidos y sancionados penal y administrativamente. Las asociaciones cannábicas y clubs de consumidores realizamos una tarea que responde a una demanda social. Los ciudadanos de más edad, aquejados o no de dolencias diagnosticadas, tienen derecho a consumir un producto natural como es la marihuana (resultado de secar las flores hembras de la planta del cáñamo) sin tener que acudir a los lóbregos ambientes del mercado negro. Del mismo modo, a los más jóvenes, aunque siempre mayores de edad, se les aparta del citado mercado ilícito, donde sin duda les ofrecerán otras sustancias sintéticas que sí pueden llegar a causar grave daño a la salud.

No atentamos contra la salud pública: pedimos que nos respeten nuestro derecho a decidir en privado sobre nuestra salud, y que respeten esa decisión. El Tratado de Viena expiró hace cinco años y no ha sido renovado. Ya es hora de acabar con políticas que sólo sirven para reprimir a la ciudadanía y beneficiar a las mafias. Como afirma en su libro "Nuestro derecho a las drogas" el citado profesor Thomas Szasz, "el derecho a fumar o mascar una planta que crece silvestre en la naturaleza, como el cáñamo, es anterior y más básico que el derecho al voto".

Marcha Mundial de la Marihuana 2013

Este sábado, 4 de mayo, celebraremos en Zaragoza, un año más, la Marcha Mundial de la Marihuana. Nos concentraremos en la plaza de las Canteras para bajar por la Avda. de América, Pº Cuéllar, Pº Sagasta y calle de la Paz, para acabar en la plaza Albert Schweitzer en torno a las 20'00 h. Una vez allí, leeremos un comunicado que no diferirá mucho de lo siguiente:

COMUNICADO DE LA SECA A LA CIUDADANÍA (MMM2013)

Ciudadanas y ciudadanos:

Celebramos hoy en Zaragoza, un año más, la Marcha Mundial de la Marihuana, que viene celebrándose en centenares de ciudades de todo el planeta desde el año 1999. Y, un año más, tenemos que denunciar la falta de avances en esta materia por parte del Reino de España, un Estado basado en una Constitución desde cuya redacción ha llovido mucho. Tanto que es papel mojado.

Una Constitución que proclama el Derecho a la Vivienda mientras se desahucia a la ciudadanía maltratada por la situación económica. Una constitución que proclama el Derecho al Trabajo mientras las leyes facilitan el despido y crear una empresa cuesta una cantidad de tiempo y dinero sólo al alcance de las clases acomodadas, sin facilitar el autoempleo ni modificar los reglamentos de autónomos de manera que sean sostenibles para el trabajador por cuenta propia. Una Constitución que consagra los Derechos a Sanidad, Educación y Justicia, mientras el Gobierno implanta tasas que imposibilitan el acceso a ellas por parte de la mayoría de la población.

En ella, también se consagran los Derechos de reunión, asociación  y libertad de conciencia, pero, una vez más, es todo papel mojado.

Mientras en los Estados Unidos de América, principales promotores del prohibicionismo que gobierna el planeta, cada vez más Estados aprueban en referéndum la legalización de la marihuana, no ya para usos terapéuticos, sino lúdicos; mientras en naciones tan dispares como la República Checa y Uruguay se avanza en la legalización; mientras en Italia y Francia empiezan a surgir con fuerza asociaciones de consumidores, en España, tras más de quince años de lucha política, se nos sigue persiguiendo como si fuéramos delincuentes.

En Aragón llevamos el cáñamo en la sangre. Lo cultivamos desde que tenemos uso de razón como homo sapiens. Durante siglos, si no milenios, ha sido la base fundamental de nuestra cultura. En los restos arqueológicos de la Aljafería, el catedrático emérito de la Facultad de Zaragoza, Manuel Martín Bueno, encontró pipas aptas para la fumación de sustancia vegetal. Y en aquella época (siglos X-XI), el tabaco no había llegado de América. ¿Qué fumaban nuestros ancestros árabes?

Durante los siglos XV a XIX, el cáñamo aragonés proveyó de velas y maromas a la Marina Española, hasta el punto de que la ciudad de Calatayud fue la única del interior peninsular con delegación de la Marina.

Desde que, en los años 60 se instaló el estilo de vida americano en nuestro país y cambiamos el cáñamo por el tergal, nuestra salud se ha ido deteriorando. Desaparecieron los cañamones de nuestra dieta y empezaron a proliferar el colesterol y el cáncer. Nos escamotearon los remedios de la abuela y sustituyeron las plantas por pastillas.

En 1982, llegó el PSOE al poder con tres promesas: 800.000 puestos de trabajo en un año, salida de la OTAN y legalización de las drogas. Los 800.000 puestos de trabajo costaron toda una legislatura, La OTAN, de entrada, no, pero de salida, tampoco. Y la legalización de las drogas duró 3 meses, de marzo a junio del 83. Impuso sus criterios el triunvirato formado por el Papa de Roma Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, secundados por la Reina Sofía, que en 1985 fundaría y presidiría la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Curiosamente, en la última entrega de premios de dicha asociación, no pronunció discurso alguno, en contra de lo habitual en todos los años precedentes. ¿Sería por el reconocido fracaso de la Guerra contra las Drogas?

Y es que en 1988 se aprobó un nuevo Tratado sobre Drogas, que sustituía y reforzaba al anterior, del año 1971. En este Tratado, conocido como el Tratado de Viena, se proponían incrementar medios humanos y económicos para, 20 años después, en el 2008, haber eliminado todo cultivo ilícito de opio, hoja de coca o cannabis. Obviamente, han fracasado. Lo reconocían ya los informes Buittenweg y Catania del Parlamento Europeo ya en los años 2001 y 2004, y la ha reconocido la propia ONU en su informe Reuters, del 2009. Sin embargo, los gobiernos de las diferentes naciones firmantes, como el español, no se dan por aludidos y persisten en políticas prohibicionistas absolutamente trasnochadas.

En la línea de los Tratados Internacionales sobre Drogas firmados por España, en 1992 se aprobó la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Corcuera, que en su artículo 25.1 califica como "infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, (…), así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo." A pesar de que la instrucción 19/2005 del Ministerio de Interior de fecha 13 de septiembre del 2005, afirma textualmente en el primer párrafo de su segunda página que "según (…) sentencia de la sala 2ª del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 1995, el cacheo es un acto de investigación policial efectuado por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, consistente en el registro de una persona para comprobar si oculta elementos que puedan servir como medio probatorio de la comisión de un delito", sin existencia ni indicio de delito alguno se procede a registrar a la ciudadanía sospechosa de portar cannabis u otras sustancias prohibidas.

Del mismo modo, las Fuerzas del Estado abusan del artículo 368 del Código Penal, que dice que "Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos". A pesar de que los tribunales han reconocido el derecho a cultivo para consumo personal, en virtud de este artículo se siguen incautando plantaciones particulares, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas afectados.

Por ello reclamamos la modificación de dichos artículos del ordenamiento jurídico español, con la eliminación de los términos "tenencia ilícita", en el caso de la Ley Corcuera, y del "cultivo y la transformación", en el caso del Código Penal, como un primer paso en el reconocimiento de la autonomía bioética que todo Estado democrático debe respetar por pertenecer a la privacidad personal del individuo.

Del mismo modo, reclamamos del Gobierno aragonés, como ya hicimos en el 2005 a través de los representantes de la Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, que cultive cannabis por medio de los organismos e instituciones existentes para su distribución a los aragoneses a los que no funcionan adecuadamente los tratamientos presuntamente científicos o sus efectos secundarios les resultan intolerables, para su distribución a través del Servicio Aragonés de Salud, y que faculte a los médicos para recomendarlo a sus pacientes en estos casos. Del mismo modo, es imprescindible ya la creación de una comisión conjunta del Gobierno aragonés con los representantes de las asociaciones de consumidores de cannabis aragonesas con vistas a regular de una manera clara su funcionamiento y evitar el limbo legal en el que nos movemos, que deja a expensas del criterio de los jueces la legalidad de nuestras actividades.

La recuperación del cáñamo, libre de las cortapisas de la prohibición, ayudaría a regenerar el planeta y democratizaría la economía, reduciendo la servidumbre de los grandes financieros petroquímicos y repartiendo la riqueza entre los ciudadanos productores y transformadores. Una hectárea de cáñamo produce tanto papel como 4 de bosque, siendo cuatro veces más reciclable. La ingesta de cañamones, ricos en ácidos linoléico y linolénico, que ahora nos venden como omega-3 y omega-6 añadidos a los alimentos comerciales, mejoraría la salud general de la población. La ropa de cáñamo es la más estable electrostáticamente, hasta el punto de que en las factorías de textiles sintéticos los trabajadores están obligados a vestir prendas de cáñamo, en prevención de que la electricidad del ambiente pueda provocar una chispa que produzca su ignición. Los revestimientos de cáñamo para la construcción resultan inmejorables por sus propiedades aislantes térmica y acústicamente. El mero cultivo del cáñamo regenera el terreno y el rendimiento de su proceso de transformación de energía solar es máximo, contribuyendo así a la regeneración de la atmósfera y la regeneración de la capa de ozono.

La marihuana, tan temida ella, no es sino el resultado de secar las flores hembras del cáñamo en su punto de maduración adecuado. Por ello pedimos:

¡REGULACIÓN DE LA MARIHUANA, YA!