MANIFIESTO
CANNÁBICO
Hace 10 años,
el Partido Popular perdía las elecciones
tras mentir descaradamente al atribuir a ETA la autoría de la masacre de
Madrid. Su ministro de interior, Ángel
Acebes, se veía obligado a arrinconar sus planes de modificar las leyes
para cerrar las grow-shops y los
medios de prensa cannábicos y detener a los dirigentes de las principales
asociaciones por fomento del consumo de drogas.
Hoy, nos
encontramos con la amenaza de la Ley
Fernández, que pretende sustituir a la Ley
Corcuera en el ámbito de Protección de la Seguridad Ciudadana e incrementar
el importe de sus multas, así como el radio de acción sobre la ciudadanía. La
veracidad de la palabra del agente de la autoridad no se limita a afirmar que
te han visto arrojar un porro y multarte por ello sin prueba alguna. También
servirá para afirmar que te han oído ultrajar a la bandera, o merodear el
domicilio de un cargo electo, o participar en una manifestación en las
proximidades de un edificio institucional… Si con la Ley socialista del 92 se
han llegado a imponer casi 400.000 multas, con la Ley Fernández, en caso de que
se aprobase, se podrían multiplicar hasta límites insospechados. Ya no sólo se
castigaría la disidencia terapéutica, sino cualquier tipo de disidencia contra
SU sistema.
En los dos
últimos años hemos visto cómo el actual Gobierno (como el anterior) se
preocupaba más de los bancos y de obedecer a la ortodoxia financiera
internacional que nos llevó a la crisis, que de atender a las necesidades de la
población. Así, facilitaban el despido cuando afirmaban pretender crear empleo.
Dicen defender la vida con su ley del aborto, mientras recortan la sanidad
pública y el apoyo a las dependencias. Mejorar la enseñanza cuando disminuyen
sus medios. Luchar por la igualdad a la vez que recortan las becas y crecen las
diferencias sociales.
Parafraseando a Ed Rosenthal, uno no sabe si está
gobernado por hipócritas o por ignorantes. En cualquiera de los dos casos, son
indignos de gobernar un Estado, aunque sea una Monarquía borbónica.
En 1982, casi un 40 % de los españoles con
capacidad de voto (un 48 % de un 80 %) respaldaba el PSOE, en cuyo programa electoral figuraba la legalización de las
drogas. En junio de 1983 se cerraba
la discusión, mientras Felipe González
decía “Prefiero morir en el metro de
Nueva York que vivir en la Plaza Roja de Moscú”. En 1985 nacía la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción, presidida por la Reina Sofía. En 1988,
con el apoyo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, se aprobaba un nuevo Tratado Internacional sobre Drogas que
abogaba ya directamente por la persecución de los consumidores por cualquier
medio y se proponía acabar con cualquier cultivo ilícito de cannabis, hoja de
coca u opio para 20 años después (2008).
Y ya en
1989, en España, el Grupo de Estudios
de Política Criminal, en su Manifiesto
por una Nueva Política sobre Drogas, afirmaba lo siguiente:
“ (…) no se han logrado las metas supuestamente
perseguidas: erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y consumo de
drogas. (…) la droga se ha convertido en un producto muy caro (…). Esto ha
originado (…) la aparición de poderosas organizaciones de traficantes con un
poder económico sin parangón (…) [y] causa o agrava la marginación social de
buena parte de los consumidores (…) los recursos del sistema judicial se ven
desbordados por la criminalidad asociada al tráfico de drogas.. Del mismo modo,
el aumento de la población reclusa (…) empeora notablemente las condiciones de
habitabilidad de las prisiones (…). Las negativas repercusiones sobre la
población en general son evidentes: ella es la que sufre directamente el
inusitado aumento de la delincuencia dirigida a procurarse dinero para adquirir
droga. Ella es asimismo la que padece medidas inadecuadas de control de esa
delincuencia poco respetuosas con los principios de un Estado de Derecho (…) el
poderío económico de los traficantes de medio y alto nivel les permite
corromper instituciones esenciales de las democracias, desde los órganos de
persecución penal hasta las más altas instancias representativas, por no hablar
de las instituciones financieras. (…) a diferencia de lo que suele ser habitual
en nuestra sociedad entre ciudadanos adultos, no se respeta el principio de que
la salud sólo puede ser protegida con el consentimiento de la persona afectada.
(…) es precisamente la prohibición la que, al imposibilitar el control estatal
sobre la producción y venta, convierte a la droga en un producto de escasa
calidad o de una calidad imposible de conocer (…) la regulación represiva, al
suponer una mayor marginación del consumidor, lejos de obtener la tutela de la
libertad de autodeterminación del ciudadano, produce un efecto pernicioso para
la misma. (…) No debería ser delito el tráfico de drogas entre adultos;
antes bien, éstos deberían tener la posibilidad de acceder legalmente a las
mismas.”
Esto lo
afirmaba el nutrido grupo de juristas y profesores de Derecho de reconocido
prestigio que componían el Grupo (entre los que estaban eminencias como los
magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Manuela Cármena Castrillo, Cándido Conde-Pumpido Turón, Luis González Guitián, Ventura Pérez Mariño o Ramón Sáez Valcárcel o los catedráticos
José Luis Díez-Ripollés y Enrique Gimbernat Ordeig, entre otros
muchos). La respuesta del Reino de
España fue la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana. Pese a ser redactada
en las filas socialistas, insignes figuras del Partido Popular la jaleaban,
como Rita Barberá, quien afirmó “El que quiera fumar porros, que se los fume
en su casa”. Sin embargo, más allá de impedir el consumo público, ha
servido para que las fuerzas del des-orden público, abusando de ley, sometan a
jóvenes o individuos de aspecto disidente a registros atentatorios contra la
intimidad hasta encontrar la más mínima cantidad de droga susceptible de multa.
Y, amparándose en la presunción de veracidad de los agentes reconocida en el
artículo 37 de la citada ley, llegan a imponerse multas sin que se haya producido
infracción alguna. Pero, si la quieres recurrir ante los tribunales, primero
has de abonar la multa, luego adelantar fondos a abogado y procurador, y,
actualmente, pagar la correspondiente tasa Gallardón.
En 1992, se impusieron en torno a 25.000
multas. En 2013, alrededor de 400.000. A pesar de que, al aprobarse la Ley, su
mentor José Luis Corcuera afirmase
que “la aplicación de la ley dependerá
de talante del gobierno”, independientemente del color del mismo el número
de expedientes abiertos se ha incrementado año tras año. Y de multar a quien
consumiera públicamente drogas, se ha pasado a registrar hasta lo más íntimo a
los sospechosos de portar cualquier cantidad de sustancia prohibida en virtud
de la alarma social que han conseguido provocar con el tráfico de drogas.
En 2011, el PP, con menos de un 45 % de votos sobre
menos de un 70% de posibles electores (menos de un 30 % de la población: 7 de
cada 10 ciudadanos mayores de edad no les han votado), obtiene una mayoría
absoluta que cree le otorga capacidad para imponer sus normas al resto de la
población. La Ley Fernández, además de subir la multa a 1.000 euros, pretende
eliminar los tratamientos de desintoxicación alternativos a la multa (lo cual ha soliviantado a
las fundaciones de rehabilitación de toxicómanos y va a reducir el número de
consumos conflictivos de cannabis que podrán aducir en el futuro), y, si las fuerzas del des-orden incautan tu
plantación para autoconsumo y sales absuelto del presunto delito de tráfico, el
Gobierno te impondrá una multa de varios miles de euros. En lugar de
aplicar las políticas de reducción de daños reclamadas desde múltiples
instancias, se profundiza en la represión que, tras más de 50 años de Guerra
contra las Drogas, ha demostrado ser absolutamente contraproducente. La persecución de los clubs de consumidores
y del cultivo para autoconsumo sólo beneficia al mercado negro de hachís
marroquí. Claro que no es de extrañar, teniendo en cuenta los lazos de
amistad que unen a las familias reales de España y Marruecos.
Mientras en la mayoría de los Estados de la Unión se
despenalizan la tenencia y consumo de cannabis y el presidente Obama declara el fin de la Guerra contra las Drogas. Mientras
en Uruguay se legalizan el cultivo para
autoconsumo, la dispensación en farmacias y los clubs de consumidores.
Mientras las propias Naciones Unidas, tras negarse a
reconocer el fracaso de la Guerra contra las Drogas en 2008 y proponerse
reducir a la mitad la superficie de cultivos ilícitos de cannabis, hoja de coca
y opio para el 2018, reconocen en 2014
la nulidad de sus esfuerzos y la necesidad de una modificación de las políticas
sobre drogas, después de que lo reconociera el Parlamento Europeo en
los años 2001 y 2004 (informes Buittenweg
y Catania). Mientras el Parlament catalán y el Ayuntamiento de San Sebastián se proponen regular los clubs de consumidores. Mientras la Comunidad Europea insta al
Gobierno del Reino de España a contemplar la puerta abierta por el
asociacionismo cannábico en nuestro país, la Fiscalía General Antidrogas,
instada por el Gobierno del Reino, mueve a las autoridades a actuar contra las
asociaciones, ya sea por lo civil (por cuestiones administrativas) o por lo
penal.
Estamos
hartos de que se nos trate como a menores de edad y se nos persiga por nuestra
disidencia farmacológica. No queremos un Estado Terapéutico que nos obligue a
consumir unas drogas de laboratorio cuyos efectos a largo plazo desconocemos y
con multitud de efectos secundarios desagradables, para los cuales muchas veces
hemos de consumir otro fármaco. Drogas que nos convierten de por vida en
esclavos de las farmacéuticas.
Reclamamos el derecho a consumir las plantas que la Naturaleza
ha puesto a nuestra disposición y la Humanidad lleva empleando desde sus
inicios, y no ser víctimas de una Inquisición Farmacológica que atenta contra
nuestra libertad.
La marihuana
no es sino la flor hembra del cáñamo una vez seca. Ya era venerada como fuente
de felicidad en los Vedas hindúes y
aparecía en el primer tratado médico de la historia, el Pen Tsao chino. Hasta principios del siglo XX, los extractos del cannabis formaban parte habitual de la
farmacopea mundial, habiéndose llegado a afirmar que el 50 % de la misma
contenía de alguna manera cannabis. Durante todo este tiempo, el cáñamo nos ha
dado cuerdas, telas, lejías, jabones, aceite, alimentos, papel, material de
construcción, barnices, pinturas… Fue
prohibido en Estados Unidos en 1937 por la conjunción de prejuicios racistas
(los traficantes eran mexicanos y los consumidores negros) e intereses de la industria petroquímica
(al descubrir el náilon, había que eliminar la competencia del cáñamo),
autorizado en 1942 por las necesidades bélicas (con reparto de cañamones entre
los agricultores incluido), y vuelto a prohibir en 1945, tras el fin de la
contienda.
No se nos
reconoce el derecho de autonomía bioética, que afirma que nadie puede ser
tratado contra su voluntad, y, sensu
contrario, todos debemos poder elegir lo que consideremos más útil para
nuestra salud (obviamente, siempre sin que afecte a la ajena). Sufrimos una
continua inseguridad jurídica fruto de la contradicción entre los derechos
presuntamente reconocidos en la Constitución y las leyes de menor rango y
actuaciones de las autoridades, cuyos límites han de ser finalmente impuestos
por los tribunales.
Por todo
ello, reclamamos de las autoridades
las modificaciones legales necesarias para:
-
La regulación de los clubs
de consumidores de cannabis
-
La autorización de una
cantidad mínima para ser portada sin incurrir en falta administrativa
-
La autorización de una
cantidad máxima de plantas en cultivo para consumo personal sin incurrir en
infracción penal.
-
La modificación de la lista
de plantas prohibidas, de manera que los médicos puedan recomendarla para usos
terapéuticos.
¡ REGULACIÓN DEL CANNABIS, YA!
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